Recaredo quedó en libertad, pero el fiscal insiste en las acusaciones. El montaje contra Recaredo Gálvez, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, forma parte de un accionar de Carabineros, y fiscales, que se está convirtiendo en rutina, y recuerda la época de la dictadura militar, como ha denunciado incluso la diputada DC Ximena Rincón.
Las falsas acusaciones de intento de asesinato de un oficial de carabineros mediante bomba molotov, desestimadas por falta de pruebas por el juez, fueron un intento vulgar para desviar la atención de la severa golpiza que le dieron carabineros estando esposado después de su detención, lo que le hizo perder la conciencia, y de la posterior negativa de carabineros a permitir la realización de exámenes médicos.
Parece un verdadero insulto que el fiscal insista en investigar por meses para encontrar (o fabricar) las pruebas del caso, y volver a inculpar a Recaredo Gálvez. Desde esta columna nos sumamos a la exigencia que se retire de inmediato cualquier acusación contra el joven dirigente Recaredo Gálvez. Pero esto no es suficiente, exigimos que se investiguen y se castiguen las responsabilidades de los efectivos policiales que torturaron cobardemente a Recaredo mientras estaba detenido y esposado, que se castiguen a los oficiales de Carabineros culpables de este burdo intento de montaje, bajo acusaciones tan serias que podrían haber arrojado a prisión al joven por años, y exigimos la remoción del fiscal que se prestó para este montaje. También debe investigarse y castigarse la negativa de carabineros a la realización de exámenes médicos al joven cuando se le presentó a constatar lesiones, según marca la ley, y establecer quien fue el supuesto médicos que extendió el certificado, cuando carabineros arrebató al joven de las manos del médico que lo estaba revisando. El ministro del Interior, responsable del accionar de carabineros, debe asumir la responsabilidad política.
En la misma línea hay que situar las amenazas contra dirigentes de la ACES, por individuos de civil, la detención de estudiantes y los abusos con manoseos, como fue el caso de las muchachas dirigentes de la ACES, tras las detenciones en el intento de toma de la UNICEF en Santiago, el intento de amedrentar a las estudiantes del liceo 7 de niñas desenfundando las armas reglamentarias contra ellas, y la utilización de provocadores de la policía para justificar la represión brutal en manifestaciones pacificas, - todo lo cual ha sido denunciado por medios de comunicación y declaraciones de los estudiantes - se han transformado en 'modus operandi' del gobierno y sus 'fuerzas de orden', ante la escalada de un conflicto, que parecen incapaces de controlar.
El movimiento estudiantil de 2011, el primero en que se combinan erstudiantes secundarios y universitario; tanto municipales, particular-subvencionados como privados, en la educación media, y tradicionales y privados en la educación superior, es una situación que se ha convertido en la movilización más larga, masiva y radical en términos políticos de toda la historia de Chile, ya que ha cuestionado no solo el sistema de educación, si no también las estructuras económicas capitalistas que profundizan la desigualdad, y las institucionales anti democráticas exigiendo plebiscito vinculante y Asamblea Constituyente, y que ha desnudado la ineficacia y falta de política educacional del gobierno, y de la Concertación, que no dan respuesta a los estudiantes, y los sectores que se movilizan en su apoyo, en especial que la educación debe ser gratuita para todos, porque es un derecho, no un bien de mercado, y que no faltan recursos, lo que falta es voluntad política para renacionalizar el cobre y llevar adelante una reforma tributaria para que las grandes empresas y fortunas del país paguen impuestos. Estas dos medidas tendrían un carácter redistributivo muy positivo en un país con las mayores desigualdad en la distribución de la riqueza del globo. En Chile el 10% de la población recibe el 40% de la riqueza, y si llegamos al 20% de la población, este percibe el 60% de la riqueza nacional.
En contraste el grueso de la población trabajadora está sobre endeudada, sin lo cual no pueden acceder a la vivienda, la salud, la educación y el consumo. Esto da mucho dinamismo a la demanda interna de la economía, pero deja a las familias sobre endeudadas bajo la amenaza de la exclusión del sistema si en algún momento no pueden cumplir sus pagos. El sistema mismo basado en el creciente endeudamiento y bancarización de segmentos cada vez más pobres, a veces indirectamente a través del retail, es precario como ha quedado demostrado en el caso LA POLAR.
